La expedición de la actual Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado en el

Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, incorporó al sistema del derecho de
amparo instituciones novedosas y trascendentes cambios que, en muchos aspectos,
obligaron a todos los operadores jurídicos a construir una nueva forma de concebir el
medio de control constitucional por antonomasia.
Toda institución de Derecho novedosa, por muy noble que sea, no puede
alcanzar sus objetivos de manera óptima y adecuada en breve plazo. La historia
demuestra que es imprescindible que transcurra el tiempo necesario para que los
operadores jurídicos la analicen acuciosamente, la doten de contenido y fijen sus
alcances y límites. Para ello, la experiencia jurisdiccional —entendida como la práctica
prolongada que proporciona conocimientos especializados— y su debida reflexión
resulta ser el camino más adecuado y enriquecedor. No cabe duda de que es a través

de los fallos judiciales o, como la doctrina los ha denominado, de las leyes individuali-
zadas que emiten los juzgadores, como los nuevos esquemas adjetivos y sustantivos

del juicio de amparo pueden proyectarse debidamente en la realidad y en beneficio de
los justiciables.